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Asistencias

El Servicio Social es una unidad dependiente del Área de Administración General, cuyo principal objetivo es prestar Servicios de Asistencia Social a nuestros/as Pensionados/as, Montepiados/as y sus cargas familiares a lo largo de todo el territorio Nacional.

Para lograr el cabal y oportuno cumplimiento de nuestras labores, como Servicio Social contamos con presencia en: Edificio Sede y Servicio Médico Dental.

En esta Unidad realiza labores de Investigación, Diagnóstico y Tratamiento de Caso Sociales en  diversas materias tales como:

•    Previsión
•    Salud
•    Vínculos con la red social pública (Derivación de casos a municipios/ Fundaciones entre otros organismos 
•    Intervención en  vulneración de derechos de las personas Adultas mayores
•    Generación de proyectos de mejoramiento de la calidad de vida
•    Inclusión de perspectiva de género en el sector público

Asistencia Jurídica


Pensiones de Alimentos

1.- Generalidades

La pensión alimenticia, que generalmente se traduce en el pago de un monto mensual de dinero, tiene por objeto satisfacer las necesidades básicas de alimentación, vivienda, salud, educación, vestuario y otras que de ello emanen, que debe ser pagada por quien tiene la responsabilidad de mantener económicamente a otra persona como consecuencia de tener algunos de los vínculos de parentesco determinados por la ley o, por la mera voluntad de quien así se obligue.

Se denomina “Alimentante” a quien debe dar los alimentos o quien los otorgue voluntariamente  y “Alimentario/a” a quien los recibe.

La pensión también puede consistir en la entrega de otros beneficios avaluables en dinero, como la entrega de un derecho de usufructo, uso o habitación sobre bienes del/la alimentante, por ejemplo un inmueble, quien no podrá enajenarlos ni gravarlos sin autorización judicial, prestaciones médicas, tratamientos médicos entre otros.

2.- Normativa.

Artículos 321 y siguientes del Código Civil.

Ley 19.968, que crea los Tribunales de Familia.

3.- Quiénes pueden pedir alimentos.

Conforme al artículo 321 del Código Civil, se deben alimentos a:

El o la cónyuge.

Descendientes.

Ascendientes.

Hermanos/as.

Quien hizo una donación cuantiosa que no hubiera sido rescindida o revocada.

Es así, que por ejemplo, si los padres no tienen recursos suficientes para su subsistencia pueden demandar alimentos de sus hijos/as en la medida que estos estén en condiciones de proporcionárselos.

Igualmente, a falta de los padres, sea por fallecimiento o porque no tienen facultades económicas para ello, es posible demandar conjuntamente a los/as abuelos/as paternos y maternos.


4.- Hasta cuándo se deben pagar alimentos.

De acuerdo con lo señalado por la ley, los alimentos se deben por toda la vida del/la alimentario/a, en la medida que continúen las circunstancias que legitimaron la demanda.

Con todo, los alimentos concedidos a los/as hijos y a los/as hermanos, se deben pagar hasta que cumplan 21 años, salvo que:

Estén estudiando una profesión u oficio, caso en el cual cesan a los 28 años;

Les afecte una incapacidad física o mental que les impida subsistir por sí mismos; casos en los cuales podrían durar durante toda la incapacidad.

Por circunstancias calificadas, el/la juez/a los considere indispensables para su subsistencia.

Es importante indicar que para que opere el cese de la pensión de alimentos NO OPERA DE PLENO DERECHO una vez extinguidos los requisitos para ser titular de la pensión por parte del alimentario, debiendo por tanto, el alimentante solicitar el cese de la pensión  por medio de un tribunal a través de su abogado previa mediación obligatoria.



5.- Mediación Obligatoria

Debido a que el artículo 106° de la Ley N° 19.968, establece que las causas relativas al derecho de alimentos deben someterse a un procedimiento de mediación previo a la interposición de la demanda, no es posible iniciar un juicio de alimentos o pedir el aumento, cese o rebaja de una pensión ya decretada si no se concurre antes a algunos de los centros de mediación publicados en el sitio web www.mediacionchile.cl, o bien los propios tribunales de familia pueden dar información del listado de mediadores de su región.

Si en la mediación se logra llegar a un acuerdo, como indica el artículo 111° de la misma Ley N° 19.968, se levantará un acta de mediación que será remitida al Tribunal para su aprobación, caso en el cual, tendrá el valor de una sentencia definitiva. No necesitando obligatoriamente un  abogado en esta gestión

Por el contrario, si la mediación se frustrara, también se levantará un acta en la que se dejará constancia del término de la mediación, quedando recién la persona con la copia de ésta, estaría habilitada para iniciar el juicio respectivo ante el Juzgado de Familia competente por medio de un abogado.

6.- Tribunal competente.

El artículo 7° de la Ley N° 14.908 señala que es competente para conocer de las demandas de aumento de la pensión alimenticia el mismo tribunal que decretó la pensión o el del nuevo domicilio del alimentario (quien recibe la pensión), a elección de éste.

De las demandas de rebaja o cese de la pensión debe conocer el tribunal del domicilio del alimentario.

7.- Monto de la pensión.

Para determinar el monto de la pensión de alimentos, se debe analizar la capacidad económica del alimentante (quien paga los alimentos) y las necesidades del alimentario (quien recibe la pensión).

La situación económica del alimentante implica considerar todo su patrimonio, ingresos, pensiones, rentas, bienes, como también su pasivo, cargas de familia, deudas, gastos. Las necesidades económicas del alimentario son determinadas generalmente por un informe social.

Tanto los/as alimentantes como los/as alimentarios/as tienen derecho a solicitar el cese, aumento o rebaja de una pensión alimenticia ya fijada, en la medida que demuestren que cambiaron sustancialmente las condiciones socio-económicas que se tuvieron presentes al momento de fijarla.

Además, se debe recordar que la ley establece que los alimentos sólo se deben en la parte en que los medios de subsistencia del/la alimentario/a no le alcancen para subsistir de un modo correspondiente a su posición social.

8.- Límite de la pensión y desahucio.

El máximo que se puede retener por concepto de alimentos, es el 50% del total de rentas del alimentante, esto es, de todos los ingresos que percibe con motivo de su trabajo o de bienes que le producen un beneficio económico.

El desahucio no puede ser objeto de una retención judicial parcial o total para el pago de alimentos, salvo que el/la alimentante estuviera atrasado en el pago de la pensión alimenticia.

9.- Qué hacer en caso de no pago de la pensión

Si el/la alimentante no cumple con la obligación de pagar los alimentos, el tribunal que la fijó, a petición de parte o de oficio y sin necesidad de audiencia, puede imponerle como medida de apremio, el arresto nocturno entre las 22 horas de cada día hasta las 6 horas del día siguiente, hasta por 15 días. Además, podrá repetir esta medida hasta obtener el íntegro pago de la obligación.

Igualmente, podrá dictar orden de arraigo en contra del/la alimentante, impidiéndole salir fuera del país, la que permanecerá vigente hasta que se efectúe el pago de lo adeudado.

Sin perjuicio de ello, existiendo una o más pensiones sin pagar, el/la juez/a podrá adoptar, a petición de parte, las siguientes medidas:

Ordenar, en el mes de marzo de cada año, a la Tesorería General de la República, que retenga de la devolución anual de impuestos a la renta que corresponda percibir al/la deudor de pensión alimenticia.

Suspender la licencia para conducir vehículos motorizados por un plazo de hasta 6 meses, prorrogables hasta por igual período, si el/la alimentante persiste en el incumplimiento de su obligación. Dicho término se contará desde que se ponga a disposición del administrador del Tribunal la licencia respectiva.

En el evento de que la licencia de conducir sea necesaria para el ejercicio de la actividad o empleo que genera ingresos al/la alimentante, éste/a podrá solicitar la interrupción de este apremio, siempre que garantice el pago de lo adeudado y se obligue a solucionar, dentro de un plazo que no podrá exceder de 15 días corridos, la cantidad que fije el/la juez/a, en relación con los ingresos mensuales ordinarios y extraordinarios que perciba el/la alimentante.